D 4816/16-17
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECLARA
Solicitar al Poder
Ejecutivo Nacional adopte las medidas pertinentes para disponer la remoción del
cargo del titular de la Aduana, el
militar Juan José Gómez Centurión, como consecuencias de las
manifestaciones vertidas el pasado 29 de enero en el programa de TV “Debo
decir”, cuando al referirse al accionar de la última dictadura militar, entre
otras, puntualizara "No es lo mismo 8000 verdades que
22.000 mentiras" y "No creo que el gobierno de facto haya
sido un plan sistemático". Tales afirmaciones constituyen una
verdadera provocación a la ciudadanía, pretendiendo poner en discusión una
cuestión sobre la cual la Justicia de nuestro país ya se ha pronunciado, en
reiteradas oportunidades, fijando una posición concluyente y definitiva en
sentido contrario a las expresiones señaladas.
Es
en virtud de ello, que resulta manifiestamente improcedente que revistiendo
antecedentes como ex carapintada, habiendo atentado contra la democracia, el
nombrado continúe desempeñándose como funcionario de un gobierno democrático.
FUNDAMENTOS
Nada ha causado tanto daño y dolor colectivo a nuestra sociedad como la
violencia ejercida desde el Estado por las Juntas Militares que usurparon el
gobierno de la Nación a partir del 24 de marzo de 1976.
Es nuestro pasado que aún nos duele, el cual sigue estando muy cerca
pese a los años transcurridos, y que marcó nuestra vida institucional, política
e incluso la nuestra personal, en quienes tenemos más edad, produciendo
heridas, muertes y desencuentros cuyas consecuencias todavía persisten y
lastiman.
Son de conocimiento público las afirmaciones realizadas en días pasados
por el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, sobre la última
dictadura; afirmaciones que dejaron a la luz una negación inaceptable del
genocidio que la justicia calificó reiteradamente como tal y como plan
sistemático de violación de los derechos humanos durante la dictadura por parte
del funcionario del gobierno nacional.
Tales afirmaciones resultan intolerables y repulsivas en un
representante de un gobierno democrático, no sólo por resultar lesivas a
nuestra memoria e historia, sino por consistir asimismo una desmentida y
negación de las sentencias firmes de nuestra Justicia desde sus niveles más
altos, resoluciones que colaboraron sin duda alguna en la construcción de un piso
para nuestra democracia recuperada y que receptaron las pruebas de la
“Planificación de los crímenes contra la humanidad”, en su propia terminología.
Nuestra sociedad no está dispuesta a retroceder por debajo de ese piso.
La firme postura negacionista del funcionario Gómez Centurión, y su
desestimación sobre la existencia del Plan Sistemático de violación de los
derechos humanos por parte de los dictadores juzgados en tal razón, representa
una velada -e inadmisible- justificación del terrorismo de estado que
padecimos. Así, considerar que los crímenes, vejaciones, apropiaciones de niños
y torturas no han estado planificados como objetivo, sino que han sido llevados
a cabo como “una reacción desmedida combatiendo un plan de toma del poder" (textual Gómez Centurión), aparece como una manifestación que tiene
por objeto minimizar los horrores del genocidio del que fuimos víctimas.
Y esto es, precisamente, lo provocador e
intolerable del discurso de Juan José Gómez Centurión, sumado a su condición de
funcionario de un gobierno democrático: la negación de la historia, de nuestra
memoria, de nuestra justicia, de nuestro “Nunca más” construido entre todos en
la búsqueda de certezas y de reparaciones. Las afirmaciones de quien hoy es
funcionario, pero que ayer se levantó en armas contra el Presidente Alfonsín,
han intentado minimizar al nivel de “caos”
(textual Gómez Centurión) el peor genocidio de nuestra historia viva.
Resulta asimismo inaceptable que las lesivas manifestaciones realizadas
pretendan ser consideradas como formuladas sólo “a título personal"; de
modo alguno se puede omitir que el Sr. Gómez Centurión es funcionario de un
gobierno democrático, característica indivisible de su persona en tanto y en
cuanto sus declaraciones y sus participaciones y declaraciones públicas son
precisamente realizadas en función de su misma pertenencia al funcionaria toque
integra.
Y en tal condición, sus palabras han sido “ignorantes y provocadoras, y no merece ser parte de un gobierno
democrático”, tal como expresó oportunamente la Diputada Margarita
Stolbizer.
Pretende ignorar y auspiciar el funcionario del gobierno nacional
cuestiones indiscutibles de nuestra historia, de las cuales de manera rotunda
nos informó oportunamente el Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición
de Personas: “Es posible afirmar que
-contrariamente a lo sostenido por los ejecutores de tan siniestro plan- no
solamente se persiguió a los miembros de organizaciones políticas que
practicaban actos de terrorismo. Se cuentan por millares las víctimas que jamás
tuvieron vinculación alguna con tales actividades y fueron sin embargo objeto
de horrendos suplicios por su oposición a la dictadura militar, por su
participación en luchas gremiales o estudiantiles, por tratarse de reconocidos
intelectuales que cuestionaron el terrorismo de Estado o, simplemente, por ser
familiares, amigos o estar incluidos en la agenda de alguien considerado
subversivo. Esta Comisión sostiene que no se cometieron «excesos», si se
entiende por ello actos particularmente aberrantes. Tales atrocidades fueron
práctica común y extendida y eran los actos normales y corrientes efectuados a
diario por la represión”.
En razón de ello, y por haber incurrido en una falta a la honorabilidad
de un cargo público, por su carencia de apego a la ley y a la institucionalidad
vigente basada en la justicia y en la memoria, es que también pedimos que el
Presidente Macri desplace de inmediato a Juan José Gómez Centurión del Gobierno
Nacional. Las disculpas-sin rectificación alguna de los dichos- expresadas por
el todavía funcionario carecen de sentido alguno si no tiene lugar su
desplazamiento del cargo, habida cuenta que la gravedad de la situación
generada reside no en su libertad de opinión sino precisamente en sus
expresiones incompatibles con un funcionario democrático del Estado Argentino.
